Evidentemente los plazos que fluctúan entre 1 año y 3,5 años, son realmente inoperantes y para nada contemplan la “INCLUSIÓN SOCIAL”. Está bien controlar y normar, pero con los tiempos empleados para la ejecución de obras, todo gobernante y/o funcionario público está condenado al fracaso, optando estos últimos por proyectos pequeños sin relevancia para la comunidad, provocando en la mayoría de los casos que no se inicien proyectos realmente importantes para la población, porque al final serían ejecutados o en el mejor de los casos “inaugurados” por los próximos gobernantes, convirtiéndose en una política absurda que no beneficia a nadie, por el simple hecho que el gobierno central no cuenta con una entidad que planifique a nivel nacional.! No hay que olvidar que los presidentes regionales y alcaldes tienen 4 años pa ra gobernar y son reacios a seguir con los proyectos de sus antecesores, ejemplos sobran. Anteponen sus apetitos políticos a las necesidades de la ciudad y sus ciudadanos. Es más, con esos plazos nadie puede pensar en proyectos grandes, él que lo hace está dándole todas las facilidades al próximo titular de cualquier institución. Cabe recalcar que de acuerdo al mapa de pobreza del INEI, del total de 1832 distritos que hay en el país, aproximadamente más de 500 distritos (casi 30%) tienen un nivel de pobreza del 75% a más y existen miles y miles de centros poblados que gritan y gritan para que alguien les resuelva sus necesidades y todos los posibles esfuerzos son vanos. El MEF últimamente ha dictado medidas para que los plazos se acorten, presionando a los funcionarios para que cumplan con la normatividad, son buenas medidas pero “no son las medidas”.elmirador.pe
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